Por Camilo Díaz, administrador de Empresas y analista de riesgos

Sin mipymes no hay empleo

Las mipymes son las generadoras de más del 80% del empleo en Colombia, sin ellas la creación de puestos de trabajo no es posible, mucho menos la recuperación económica, y volver alcanzar los niveles de producción existentes antes de que se materializaran los efectos negativos que el coronavirus ha tenido en la economía. El aparato productivo y el empleo local tienen un fuerte vínculo con la salud de las mipymes si a estas les va mal, la generación de empleo corre la misma suerte.

Por eso es indispensable que las medidas de recuperación económicas que se vayan a implementar estén orientadas a proteger a las mipymes, potenciar su resiliencia, facilitar el acceso a liquidez a bajos costos, y sobre todo reglamentar rápidamente la ley de pronto pago. Esta última medida es la que mayor beneficio trae a dichas unidades productivas porque el dinero que tienen en cuentas por cobrar, si es transformado en efectivo, les va a permitir reinvertir en capital de trabajo, sin incurrir en costos de financiamiento, mejorando la rotación de sus ventas, así como sus indicadores de liquidez. 

Si los indicadores financieros de las mipymes mejoran, también mejorará su acceso al crédito bancario, ya que el riesgo de crédito será menor al tener una mejor salud financiera y capacidad de cumplir con sus compromisos frente a terceros. En ese mismo sentido el potencial de crecimiento también se ampliará y con él la capacidad de demandar nuevos puestos de trabajo y reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos durante la coyuntura. En suma, la tasa de desempleo depende fuertemente de que las mipymes puedan reactivarse y vuelvan a demandar mano de obra, así como otros bienes y servicios desde la economía.

Las medidas que se implementen deben ir más allá de la creación de instrumentos de crédito o garantías bancarias, las medidas de reactivación deben contener un componente diferenciado para las mipymes. Por ejemplo, las compras públicas pueden incluir la preferencia por los bienes y servicios ofrecidos por mipymes. Así mismo el Estado puede adelantar las compras de insumos desde el último trimestre de este año, con el fin impulsar la demanda. También debe pensarse en la suspensión temporal de los aportes que estas hacen a las Cajas de Compensación Familiar, las cuales ya cuentan con un patrimonio suficiente para que pueden seguir ofreciendo sus servicios, esto contribuye a que el costo de la nómina sea menor y la reincorporación de personal menos costosa.   

Otras medidas deben incluir estructurar un mecanismo de subsidio para el pago de la prima de fin de año destinado aquellas mipymes que mantuvieron su personal en nómina durante el tiempo de aislamiento, muchas hicieron un esfuerzo enorme por conservar toda su plantilla o mantener el mayor número de empleados posible, ese esfuerzo debe ser reconocido y compensado de alguna manera. De manera complementaria el Gobierno debe analizar un mecanismo para diferir la consignación de Cesantías programada para finales de febrero, ya sea reprogramando su pago para un mes posterior, puede ser finales del primer semestre del próximo año, o que dicho pago se lleve a cabo por cuotas durante el año. 

De lo que se trata es de implementar medidas económicas que contribuyan a estabilizar el flujo de caja de las unidades productivas que más empleo generan, hacerlo requiere acciones que incrementen la demanda por bienes y servicios que produce el aparato productivo local, para ir regresando paulatinamente a los niveles de actividad económica previos. Sin embargo, la sostenibilidad de esa nueva demanda está ligada a que el empleo retorne y se recuperen los puestos que se destruyeron, puesto que, en el mediano plazo, es el consumo de los hogares el que responde por cerca del 65% del crecimiento de la economía, pero estos últimos dependen de sus ingresos por trabajo para hacerlo, por tanto, proteger y estimular la reactivación de las mipymes es garantizar los ingresos de los hogares y la salud de la economía.

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