El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá: un paso en la dirección correcta en materia económica

En medio del difícil contexto social y económico agudizado por la pandemia de Covid-19, se discutió y votó el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de Bogotá 2020-2024. La situación vivida durante la cuarentena, especialmente los primeros meses, demostró que el país y la ciudad no pueden depender de bienes importados, ya sean de consumo, intermedios o de capital. En ese sentido, el PDD es un primer paso para corregir el rumbo económico y productivo de la ciudad, tal como lo señaló y propuso Acopi Bogotá-Cundinamarca.

Las recomendaciones hechas por el gremio, promovidas principalmente por los concejales Julián Espinosa y Manuel Sarmiento, y aceptadas por el resto del Cabildo y la Administración distritales, estuvieron encaminadas a la protección del tejido empresarial, el empleo y la capacidad de consumo de los bogotanos.

 La propuesta más importante acogida en el PDD es la formulación de una política de desarrollo industrial que promueva la manufactura como un sector estratégico de la ciudad y que esta deje la dependencia de los servicios, especialmente los asociados al sector inmobiliario y financiero. En esa dirección, también establece en cuanto al ordenamiento territorial, que se respetarán y promoverán las zonas industriales de la ciudad que estuvieron en riesgo por el POT presentado por la administración anterior.

El documento también acogió la iniciativa de dar un tratamiento diferencial a las micro, pequeñas y medianas empresas para las compras públicas, la generación de incentivos a la hora de crear empleo femenino y juvenil, así como en el acceso a líneas de crédito blando y vehículos de financiación y formalización.

Si bien estas iniciativas no cambiarán de la noche a la mañana la vocación productiva de la ciudad, son decisiones encaminadas hacia ese objetivo. Se puede decir que éste resulta ser un paso en la dirección correcta, pues la reactivación económica de la ciudad exige que las decisiones de política pública estén enfocadas en la protección de las empresas como centros de generación de empleo y riqueza.